Cientos de usuarios de Euskaltel y Movistar por toda España están recibiendo cartas en las que una productora de películas y series (o el despacho de abogados que la representa) les reclama el pago de una cantidad de dinero por haber compartido ilícitamente contenido de su propiedad.
La carta incluye la amenaza de que, si no se efectúa el pago, se interpondrá una denuncia y llegarán a juicio si es necesario.
La descarga de este tipo de contenidos se realiza a través del método P2P, en plataformas como BitTorrent, Ares o Emule, y se basan en la dirección IP para determinar el usuario que ha cometido la infracción.
Son dos las claves jurídicas que hacen que este caso sea diferente a los similares que ha habido hasta el momento:
- Un juez ha admitido la dirección IP como prueba definitiva a la hora de valorar la identidad del infractor. Nunca antes se había admitido como tal, ya que es relativamente sencillo utilizar la dirección IP de otra persona para “suplantar la identidad”.
- 2. Un juez ha obligado, tanto a Euskaltel como a Movistar, a ceder los datos identificativos a la productora, método a través del cual envían las cartas al contar con nombres y domicilios.
Posibles responsabilidades de los usuarios
Existe bastante confusión y falta de consenso a la hora de fijar las responsabilidades de los usuarios por este tipo de infracciones.
Sólo existe un caso en el que se condenó a un usuario al pago de 150 € por la descarga de una película, por lo que, a pesar de tratarse de una infracción de derechos de autor, es muy complicado que llegue a exigirse la responsabilidad y que sean condenados judicialmente al pago de una multa.
Desde un punto de vista penal, en España está recogido un delito específico contra la propiedad intelectual cometido a través de internet y plataformas P2P, pero atribuye la responsabilidad al administrador o propietario de esas plataformas, además de que deben cumplirse unos requisitos específicos difíciles de probar.
Qué deben hacer los usuarios del caso Euskatel
Desde eDefense aconsejamos no realizar el pago que nos solicitan en ningún caso, ya que no sólo es poco probable que finalmente presenten la denuncia y se inicie un proceso judicial, sino que en caso de que lo hicieran, es muy difícil que termine condenándose a los usuarios.
